Asturiano oficial

Con aquello de "la patria es la infancia" de fondo, dice Andrés Trapiello en un articulo reciente que "la infancia es una suave patria sin fronteras donde nadie es menos que nadie, y eso es algo que toda persona noble respeta al llegar a ser adulta (...) la infancia no entiende mas que de un lenguaje propio, singular, el que hace que dos niños de clase, raza, lengua o cultura diferentesque acaban de conocerse en un parque puedan ponerse a jugar juntos formalizando un entendimiento prodigioso e instantaneo" al hilo de la conmemoración de los 50 años de television española, TVE.



Viene a cuento, debe ser que me traiciona el subconsciente al asociar infancia, patria e idioma, de la tan debatida oficialidad del asturiano y la posición encontrada de los que argumentan en uno y otro sentido. Es evidente que falta un debate en profundidad, porque si bien ha habido un gran consenso en la la Ley de promocion y uso, tambien en la creación y mantenimiento de la Academia de Llingua, no lo hay con la normalización impuesta sobre la unificación de las diversas variantes y mucho menos de la oficialidad, o cooficialidad del asturiano. Hay una corriente relativamente novedosa de los favorables a la oficialidad que se basa en asegurar que la oficialidad no supone obligatoriedad, el mismo profesor Llera lo utiliza como argumento. Pero a estas alturas, y vista la experiencia de otras Comunidades respecto a la practica de sus respectivas lenguas oficiales, nadie se cree que aqui no se van a dar el caso de la "inmersión lingüistica" del asturiano, en contra del español, con el "noble"proposito de mejorar la posición de aquel, supuestamente "minorizado". Tal vez, el rechazo hacia estas posturas "oficialistas" viene de la actitud dogmatica de los que las promueven, que ha generado no pocas guerras internas, y que se hacen visibles en la propia ejecutoria de la Comisión de toponimia que ha "oficializado" la toponimia de los primeros diez concejos de Asturias y cuyo resultado no ha dejado a casi nadie conforme. Otra cuestion, tampoco menor, tambien defendida por el profesor Llera, es atribuir como practicantes del Asturiano a la mitad de la poblacion actual de Asturias, lo que no tiene visos de realidad, como minimo es una exageración.

El articulo del profesor Llera resume muy bien los argumentos a favor de la oficialidad.

Oficialidad no es obligatoriedad

FRANCISCO J. LLERA RAMO

Vuelvo a leer con estupor las declaraciones del secretario general de mi partido (el socialista) en Asturias sobre la cuestión lingüística asturiana. A la vista de su reiteración, no sólo por él, sino por otros dirigentes del partido y del Gobierno asturianos, es obvio que no son circunstanciales, sino que responden al ideario «oficial» y a la estrategia de competición del mismo, lo que las hacen más preocupantes, si cabe, por el inmovilismo y la cerrazón que denotan. Perdón por mi atrevimiento, pero reivindicar o demandar la oficialidad de una lengua minorizada como el asturiano no es un síntoma de irredentismo nacionalista o de un radicalismo absurdo, salvo que cometamos el gravísimo error ideológico de entregar la defensa de los derechos lingüísticos o la promoción del bilingüismo o la identidad regional a las ideologías nacionalistas, dando por bueno el automonopolio que éstas están tentadas a atribuirse. Perdón de nuevo, pero hablar de una amenaza nacionalista en Asturias vinculada a la reivindicación lingüística, y, por tanto, seguir promoviendo una especie de cruzada local contra tal «molino de viento», es, como mínimo, una solemne majadería, que, por cierto y al contrario, sirve para catapultar a alguno de los preclaros y extremistas ideólogos locales de la misma a otras «gestas nacionales» que poco tienen que ver con los intereses o el ideario socialista. Si el problema fuese el nacionalismo, que lo dudo en nuestro caso, a éste se le discute y combate, democráticamente, de otras maneras, con otras políticas y, desde luego, no dándole por ganados espacios o demandas sociales como ésta. Vuelvo a insistir, una vez más, que toda esta confusión es fruto de una «ensalada ideológica» preocupante, que se está mostrando incapaz de resolver, por pereza intelectual o una suerte de neurosis obsesiva, la cuestión identitaria y lingüística asturiana de una forma pragmática, creativa e inclusiva, siguiendo la estela marcada por el espíritu y la letra de nuestra Constitución y el desarrollo que de la misma viene haciendo buena parte de las comunidades autónomas. Pero, además, bastaría con que nos inspirásemos y recuperásemos el hilo de nuestra vieja tradición ilustrada jovellanista y otras corrientes locales del pensamiento progresista, que nos dieron a los asturianos un puesto en la historia de las vanguardias modernizadoras de nuestra nación.
Uno espera de los partidos, en general, y muy especialmente de su partido, que sean coherentes, tanto en sus principios como en sus políticas, y, además, lo hagan de acuerdo con el diseño democrático de nuestro marco constitucional. La FSA del PSOE, que es y ha sido el principal responsable del autogobierno asturiano, es un partido nacional en su ideario, su ámbito y su estrategia, organizado de forma, más o menos, federal, aunque con asimetrías territoriales evidentes. Refleja en su organización, con mucha probabilidad, mejor que ningún otro la idea de la España «plural» que inspira nuestra Constitución democrática. Pero esta pluralidad tiene sus límites no sólo en la propia Constitución, sino también en el ideario socialista y podría decirse que hasta en el sentido común. En efecto, la pluralidad, para no desbordarse en particularismo egoísta e insolidario, debe tener su tope en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles, en la cohesión social solidaria y en la cooperación centrípeta interterritorial. Todo ello viene muy a cuento en las actuales reformas estatutarias y, muy particularmente, en el caso asturiano y su situación lingüística. Pero, en todo caso, en esos principios tan fundamentales no debería haber diferencias entre los grandes partidos nacionales, llamados a alternarse en la responsabilidad superior de la gobernanza avanzada de nuestro sistema constitucional. Ambos han gobernado, gobiernan o han respaldado las leyes de oficialidad y las políticas de bilingüismo, que afectan a más de diecisiete millones de ciudadanos españoles (más del 40 por ciento del total) en siete de sus comunidades autónomas, y son consecuencia obligada del reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos previstos en el artículo 3 de la Constitución española y los respectivos estatutos de autonomía.

Sólo la clase política asturiana mantiene la excepcionalidad lingüística de nuestra comunidad. Por un lado, a pesar de reconocer estatutariamente la existencia de la lengua asturiana, de crear la Academia de la Llingua Asturiana y apoyar su acción normativizadora, de aplicar políticas de escolarización en asturiano o de promoción de la creación literaria, de aprobar una ley de Promoción y Uso, de respaldar por unanimidad en la última legislatura el plan de normalización y los sucesivos decretos de normalización bilingüe de la toponimia local; en definitiva, a pesar de reconocer la realidad bilingüe de la sociedad asturiana, nuestra clase dirigente, tanto popular como socialista, mantienen a la lengua asturiana en el «limbo constitucional». Al no comprometerse a aplicar el citado artículo tercero mediante la declaración de oficialidad del asturiano, como han hecho en el resto de comunidades autónomas, le hurtan a nuestra comunidad el derecho al bilingüismo efectivo y, sobre todo, les niegan a más de medio millón de ciudadanos asturianos bilingües la plenitud de los derechos lingüísticos que esos mismos partidos les reconocen a millones de ciudadanos españoles en otras latitudes regionales. ¿Dónde están la igualdad de derechos de todos los españoles, la cohesión interterritorial o la pluralidad nacional prescritas por nuestra Constitución ? ¿No les escandaliza a nuestros políticos este agravio comparativo? ¿Piensan realmente que nos podamos creer que el problema sea la obligatoriedad ? No es verdad, salvo como confuso «engañabobos» para ocultar la propia responsabilidad política, en nuestro caso, o perversa aplicación de una política etnicista excluyente, en algún otro, que la oficialidad implique obligatoriedad para los hablantes, es decir, para los ciudadanos. No es obligación a hablar en asturiano lo que se demanda, sino derecho a poder hacerlo voluntariamente y en igualdad de condiciones y dignidad que el castellano. La única obligatoriedad de la oficialidad es la que nuestro sistema constitucional exige a las administraciones públicas a la hora de desarrollar políticas efectivas de bilingüismo. Sería muy de agradecer, y legítimo exigir, a nuestra clase política que deje de marear la perdiz y sea consecuente y coherente con el reconocimiento estatutario del asturiano y, por tanto, alcance el necesario consenso para que en la próxima reforma estatutaria quede resuelta, de una vez, la plena madurez constitucional de los asturianos y su lengua vernácula.

Francisco J. Llera Ramo es catedrático de Ciencia Política y director del Euskobarómetro en la Universidad del País Vasco, miembro de la Academia de la Llingua Asturiana, autor de las dos encuestas sociolingüísticas de Asturias y, más recientemente, de «El asturiano en Gijón».