1/26/2009

Hostias consagradas

Es una suerte tener en Asturias un periodico de referencia como La Nueva España, si no existiera habría que inventarlo, como alguno de los que alli escriben, ayer mismo Javier Neira firmaba un artículo imponente sobre la nueva religiosidad en Oviedo en los años 50, como consecuencia de la cual se edificaron seis nuevas parroquias, entre ellas la de "la Gesta". Hoy trae una noticia de primera sobre la que deberiamos hacer una seria reflexión, se trata del tráfico ilícito de hostias consagradas para usos satánicos (?), producto del robo que supone, según la noticia, el pecado mas común entre los que llegan al tribunal de la Penitenciaría Apostólica.
Ahora nos enteramos, pobres pecadores, que los párrocos no tienen licencia para perdonar todos los pecados de los fieles, y que algunos como los de carácter sexual grave (?) o nombrar obispos sin contar con la Iglesia (??) tienen que confesarse en esa penitenciaría, a la que se supone habrá que ir acompañado por abogado y procurador, para que no te cargen una penitencia desmesurada.
No sabemos si están incluidos en el apartado de "pecados de carácter sexual grave" los revelados estos días por la prensa (por la prensa de los ateos, claro) sobre las andanzas de los prelados en el Instituto Antonio Provolo de Verona, de la orden de la Compañía de María (aunque a ellos parece que les gustaba mas la compañía de José, ahora se defienden diciendo que todo eso es mentira, que los pobres sordos no se enteraron de nada, que solo les enseñaron a rezar mirando a la Meca...).

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/prelado/sodomizo/intento/otros/juegos/sexuales/elpepisoc/20090125elpepisoc_5/Tes


El tráfico de hostias consagradas crece en España

El tráfico de hostias consagradas va en aumento, y uno de los países donde el negocio es más rentable es España, según los datos de la Penitenciaría Apostólica. Las hostias robadas en las iglesias son utilizadas para celebrar misas satánicas y su precio en el mercado es elevado, aunque varía mucho. Las más caras son las consagradas por el propio Papa Benedicto XVI. El robo de hostias es el pecado más común entre los que llegan al tribunal de la Penitenciaría Apostólica, que se ocupa de las faltas más graves confesadas por los fieles católicos que no pueden ser perdonadas por los párrocos. La Penitenciaría Apostólica también ha de intervenir en la absolución de pecados como la violación del secreto de confesión por parte de un sacerdote, los pecados de carácter sexual graves, el nombramiento de obispos sin consentimiento de la Iglesia y en casos de agresión al Papa.

1/20/2009

Papeleo

Definía Ambrose Bierce en su "Diccionario del Diablo" a la Justicia como " Artículo mas o menos adulterado que el Estado vende al ciudadano a cambio de su lealtad, sus impuestos y sus servicios personales", otros son mas directos en su apreciación sobre la justicia, como El Roto en una viñeta reciente; en todo caso nos hemos acostumbrado al enorme retraso de los procesos, a las montañas de papel inutil, al "vuelva usted mañana" de cualquier procedimiento, a las sentencias infames o ridículas, a los errores y despistes..etc. y ahora nos piden que comprendamos que buena parte del deterioro de un poder básico del Estado es debido a la falta de medios y a los exiguos sueldos, nada que ver con una gestión nefasta de los recursos y a la negativa generalizada de actualización tecnológica de los (supuestos) implicados.

Miguel Angel Aguilar hoy en El Pais apunta a algunas claves de este embrollo.

Una de jueces

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR Los jueces parecen convencidos de la necesidad de hacerse oír. Concluyen que sus reivindicaciones necesitan ir acompañadas de un mayor poder de percusión para obtener la respuesta precisa. Por eso andan decididos a utilizar el arma de la huelga de la que se sirven otros empleados, aunque la legitimidad de ese recurso por parte de quienes forman parte de uno de los poderes del Estado ofrezca muchos reparos fundamentales. Mientras llega la hora de los acuerdos o del desafío, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a impulsar la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-Consejo del Poder Judicial y el diálogo con los sindicatos de funcionarios y secretarios judiciales para encontrar respuesta a las demandas de modernización de la Administración de justicia reclamadas por la sociedad.

También quiere impulsar la compatibilidad de los sistemas informáticos implantados en los juzgados y tribunales, porque sucede que en cada automía se ha informatizado conforme a sistemas que después se han descubierto incompatibles. Es decir, que la incompetencia ha derivado en despilfarro ineficiente. El ciudadano se asombra del impecable funcionamiento informático de la Agencia Tributaria, que a todos nos pide cuentas, mientras ha de sumergirse en el caos cuando es él quien las pide acudiendo a los tribunales en demanda de justicia para su causa. El Congreso ha logrado también que le sea remitido por el Gobierno el proyecto de reforma de las leyes procesales con el objeto de implantar definitivamente la nueva Oficina Judicial. Es de suponer que para terminar con el desbarajuste actual al que se ha llegado con la superposición de cuerpos de carácter estatal, cuyos miembros son asignados a sus puestos por el CGPJ, en el caso de los jueces, y por el Ministerio de Justicia, en el caso de los secretarios judiciales, junto a otros cuerpos que reciben sus emolumentos de sus respectivas haciendas autonómicas. De forma que resulta una oficina judicial ingobernable, donde es imposible advertir un rastro de autoridad.

La tabla de reivindicaciones de los jueces tiene elementos coincidentes con los apuntados pero incide en otros asuntos donde asoman trazas corporativistas y cuestiones salariales. Estima el ministro de Justicia, Mariano Bermejo, que el sueldo de un juez puede comenzar en los 3.000 euros mensuales y llegar hasta los 6.000. Son cifras incomparables con las de otros funcionaros como los registradores de la propiedad, cuyas percepciones pueden situarse entre los 60.000 y los 100.000 euros al mes. Es un caso interesante porque el registro funciona, para entendernos, como una franquicia del Estado concedida a sus titulares, sin que genere gasto alguno de los Presupuestos Generales. La impresión del público sobre el funcionamiento de los registros merece una nota muy alta, los retrasos son mínimos y sus sistemas informáticos inobjetables. De ahí que cuando en la pasada legislatura Izquierda Unida presentó una proposición de ley para revisar la cuestión de los Registros se dejaran oír dos escuelas de pensamiento. La de IU para quien estábamos ante un abuso a corregir y la del portavoz del PP que atisbaba en los Registros un original modelo de franquicia conforme al cual podría intentarse la modernización pendiente de otras funciones de la Administración del Estado.

La clave que explica las diferencias entre juzgados y registros reside en la fuerte motivación del registrador frente al desmayo del juez y de los funcionarios de Justicia. Porque, entre tanto, durante estos años se han aumentado las inversiones, multiplicado el número de juzgados, jueces, fiscales, secretarios y funcionarios, se ha mejorado la formación de todos los cuerpos que intervienen en la Administración de justicia, modernizado las infraestructuras, así como los medios materiales y se ha procedido a la informatización, si bien con el empleo de sistemas incompatibles como más arriba se ha dicho. Subrayan los expertos las medidas de la Ley 19/2003 que redefinen auténticas carreras profesionales y promueven nuevas responsabilidades para los diversos cuerpos de funcionarios además de los aumentos retributivos que han sido significativamente más altos en Justicia que en cualquier otro sector de la Administración Pública. Claro que dichos aumentos presentan un rasgo común consistente en que el crecimiento retributivo para nada comporta compromisos de sus beneficiarios en la mejora del servicio público y sigue un modelo lineal que no atiende a las contraprestaciones profesionales exigidas, ni se relaciona con la consecución de objetivos. Sólo la transparencia puede salvarnos. Continuará.